Esta tarde el equipo de legales del Ministerio de Salud de la Nación presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal una denuncia penal por defraudación a la administración pública contra el médico ya identificado y los otros posibles implicados ante lo que calificó como «intento de fraude», cometido durante la realización del Examen Único de Ingreso al Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.
La acción surge tras la detección de graves inconsistencias en los resultados obtenidos y la circulación de un video en redes sociales en el que se observa al principal denunciado filmando el examen con un dispositivo oculto.
Porqué es delito
La conducta se encuadra en el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública ya que se buscó obtener una beca rentada y financiada por el Estado, mediante métodos fraudulentos y generando un perjuicio económico para la administración pública que debió incurrir en gastos adicionales para el análisis del engaño y la implementación de nuevas instancias de evaluación. Asimismo, se debe tener en cuenta que el daño también es ético y potencial ya que las acciones cometidas buscaron desplazar a los colegas realmente aptos para ocupar los cargos vacantes poniendo en riesgo la salud de la población.
Los pasos a seguir se centran en la investigación y en la recolección de pruebas entre las que se incluyen la declaración testimonial de los responsables del control y la fiscalización de la sede en donde se cometió el delito; el secuestro y análisis forense de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos prestando especial atención a los vinculados a los grupos de mensajería para identificar a los organizadores y beneficiarios directos del fraude; la presentación de un oficio a la red social X para obtener datos de registro, titularidad, historial de publicaciones, y el archivo original del video difundido; y el requerimiento de los números y listados de comunicaciones entrantes y salientes de los implicados en un período específico a las empresas de telefonía.
